París | Mientras Francia acelera la discusión de un proyecto de ley para legalizar la eutanasia, legisladores, juristas y líderes cívicos de diversos países se reunieron en París el pasado 28 de mayo para dialogar sobre las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de la expansión de esa práctica en Europa.

Intervinieron en el coloquio, titulado “Proteger la dignidad en el final de la vida: Stop a la eutanasia en Europa”, Laurence Trochu, miembro del Parlamento Europeo; Christophe Bentz, miembro de la Asamblea Nacional de Francia; Grégor Puppinck,  presidente del European Centre for Law and Justice (Centro Europeo para el Derecho y la Justicia – ECLJ); Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos (FEAC); Amanda Hunter, cofundadora de Families Against Involuntary Medical Euthanasia (Familias contra la Eutanasia Médica Involuntaria – FAIME), de Reino Unido; y Lola Velarde, directora ejecutiva de Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV).

El evento, que se realizó en la Casa Argentina en París y fue convocado por PNfV, ECLJ, FEAC y La Bourse Tocqueville, tuvo lugar en un contexto particularmente sensible: el presidente Emmanuel Macron impulsa en Francia un proyecto de ley de “ayuda médica para morir” para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, en un proceso que, en la opinión de los participantes del coloquio, es inusualmente acelerado e dificulta una discusión amplia y profunda.

Usted puede ver un video-resumen del evento aquí.

El caso Noelia: el verdadero rostro de la eutanasia

Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos (FEAC), afirmó que el caso Noelia es paradigmático porque muestra el verdadero rostro de la eutanasia. A Noelia Castillo, una joven española de tan solo 25 años, se le aplicó una inyección letal el pasado 26 de marzo, tras un proceso que registró irregularidades y no respetó la ley vigente. Sus últimas palabras fueron: “tengo miedo”.

Castellanos aseveró que la joven padecía trastorno límite de la personalidad, trastorno compulsivo y limitaciones cognitivas, además de secuelas físicas derivadas de un intento de suicidio posterior a una violación grupal, y que, pese a la gravedad de las lesiones sufridas, se encontraba en un proceso de progresiva recuperación, que le había llevado, incluso, a caminar distancias cortas con ayuda de andador y muletas.

La FEAC asumió la representación legal de los padres de Noelia, quienes solicitaron judicialmente la suspensión del procedimiento alegando que su hija no tenía condiciones de prestar un consentimiento libre e informado debido a su situación psiquiátrica.

Castellanos informó que la médica que propuso la eutanasia a la joven se desempeñaba como coordinadora de trasplantes de órganos, y fue ella – y no Noelia – quién redactó de su puño y letra el “pedido” de muerte en un momento en el que la paciente se encontraba psicológicamente vulnerable. Señaló también que en la Comisión de Garantías que revisó el caso Noelia, al menos ocho de sus miembros tenían vínculos con el ámbito de los trasplantes o el activismo promotor de la eutanasia.

“El caso de Noelia representa el fracaso de un sistema que nos aseguraron era ‘garantista’, pero que, en la práctica, no protege a los más vulnerables”, dijo.

Cuidar, no matar

La eurodiputada francesa Laurence Trochu señaló que es un error frecuente en el debate contemporáneo identificar la dignidad humana con la capacidad funcional de una persona, su autonomía o independencia, y también atribuir al Estado la capacidad de definir quién tiene dignidad y quién no. Afirmó que la dignidad es intrínseca al ser humano y deriva de su propia naturaleza, por lo que no disminuye con la enfermedad, la discapacidad, el sufrimiento o la dependencia. El Estado no otorga la dignidad, la reconoce y protege.

Para la parlamentaria, el proyecto actualmente discutido en Francia resulta especialmente preocupante porque presenta la eutanasia no como una excepción restringida a circunstancias extraordinarias, sino como un “derecho”, lo que implica una transformación profunda del orden jurídico y cultural. “La aprobación de esa ley significaría la derrota de la solidaridad; la respuesta al dolor y al sufrimiento debe ser cuidar, no matar”, afirmó.

Trochu advirtió que determinadas expresiones utilizadas para referirse a la eutanasia buscan ocultar o suavizar la realidad de aquello que se pretende legalizar: la intervención deliberada para provocar la muerte de un paciente. Sostuvo que el uso de eufemismos, términos ambiguos o emocionalmente atractivos como “muerte digna”, “ayuda para morir” o “autonomía corporal terminal”, puede impedir una comprensión clara de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales de esa práctica. “El primer paso para enfrentar la eutanasia es utilizar correctamente el lenguaje”, señaló.

Una ley impulsada a contrarreloj

Christophe Bentz, miembro de la Asamblea Nacional francesa, aseguró que el gobierno de Emmanuel Macron está impulsando la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido con una rapidez inusual, reduciendo el tiempo para el debate parlamentario y social porque sabe que es una iniciativa muy radical. El proyecto de ley busca crear un “derecho a la muerte asistida”, lo que representa una ruptura antropológica, social y civilizacional.

Bentz recordó que las sociedades europeas construyeron siempre sus sistemas sanitarios y de protección social sobre la premisa de acompañar y cuidar a quienes sufren, en cambio, la nueva legislación – si es aprobada – contemplará como elemento estructural ofrecer de forma deliberada la muerte a pacientes, lo que podría afectar especialmente a los más pobres y vulnerables.

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera lectura y segunda lectura, y rechazado por el Senado dos veces. Y una comisión mixta parlamentaria que buscaba un texto de consenso no ha logrado acuerdo. Si la ley no logra ser aprobada dentro del actual calendario legislativo, podría quedar pospuesta. Para el diputado, es evidente que no existe consenso en el Parlamento en torno al proyecto de ley, lo que debería ser suficiente para archivarla; y aunque sus promotores dicen que es “esperada por una gran mayoría franceses”, se ha probado recientemente que la eutanasia no tiene un consenso social consolidado.

Un estudio revelador

Laurence Trochu y Christophe Bentz citaron un estudio publicado en enero de este año por la Fondation por l’Innovation Politique (Fundación para la Inovación Política – Fondapol) según el cual el 51 % de los franceses no apoya la legalización de la eutanasia ni del suicidio asistido, mientras que el 60 % desconoce el contenido de la iniciativa actualmente en discusión. El rechazo predomina en todas las regiones, desde las grandes ciudades hasta las comunidades rurales, y es mayor entre los jóvenes de 18 a 24 años (64%).

Para el 50% de los franceses, debería garantizarse el acceso a los cuidados paliativos en todo el país, y solo entonces se podría poner a discusión una ley de “muerte asistida. Si un familiar suyo estuviera gravemente enfermo, 52% de los encuestados desearían que recibiera cuidados paliativos de alta calidad, no eutanasia (38% en contra y 10% “sin respuesta”). El dato es de gran relevancia pues, de acuerdo con un informe de 2025 de la Corte de Cuentas de Francia (Cour des Comptes) la mitad de las personas que necesitan cuidados paliativos en el país no tienen acceso a ellos.

Los más vulnerables en riesgo

De Reino Unido, Amanda Hunter, cofundadora de Families Against Involuntary Medical Euthanasia (Familias contra la Eutanasia Médica Involuntaria – FAIME), destacó que en su país tampoco hay consenso parlamentario o social en torno a la eutanasia. La iniciativa de ley presentada en el Parlamento británico en 2024, que parecía avanzar con fuerza, naufragó el 24 de abril de 2026 al agotarse el tiempo reglamentario para su aprobación. La movilización de asociaciones, profesionales y familias resultó fundamental para ralentizar su tramitación y aumentar el escrutinio público sobre el proyecto.

Algunos diputados defensores de la medida han prometido volver a introducir la iniciativa bajo otro formato. Hunter cuestionó que exista una demanda social masiva a favor del suicidio asistido, mientras que si la hay por cuidados paliativos: una de cada tres personas que mueren en Inglaterra lo hacen sin recibir los cuidados paliativos básicos.

La activista británica relató que incluso la ley vigente, que permite inducir a coma a enfermos terminales, termina acelerando la muerte de pacientes terminales mediante la retirada de alimentación e hidratación, como ocurrió con su padre. Advirtió que, cuando una sociedad incorpora la muerte provocada como respuesta aceptable al sufrimiento, se genera un entorno en el que médicos, instituciones y gobiernos pueden considerar la reducción de costes como un factor determinante en la toma de decisiones. Los principales afectados, sostuvo, son los más vulnerables, especialmente quienes carecen de recursos económicos o familias sólidas.

Una cuestión civilizacional

Grégor Puppinck, presidente del European Centre for Law and Justice, explicó, que gran parte del debate actual refleja una concepción del ser humano basada en la autonomía individual absoluta. Frente a ella, defendió una visión que reconoce la vulnerabilidad, la interdependencia y la responsabilidad mutua como elementos constitutivos de la vida social.

Puppinck sostuvo que el cuidado de los débiles y vulnerables constituye uno de los fundamentos históricos de la civilización europea. A su juicio, las leyes que autorizan la eutanasia no solo modifican procedimientos médicos concretos, sino que transforman progresivamente la forma en que una sociedad entiende la enfermedad, la dependencia, el sufrimiento, la solidaridad y la muerte.

El jurista concluyó advirtiendo que la discusión trasciende el ámbito sanitario y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los derechos humanos, los límites del poder público y el tipo de sociedad que Europa desea construir para las próximas generaciones. “La legalización de la eutanasia supone un retroceso civilizacional”, dijo.

“Cada vez somos más”

Santiago Muzio, director de la Casa Argentina en París y anfitrión del encuentro, afirmó que la defensa de la vida implica una lucha a la que se suma cada vez más gente. Dijo que la vida es un don de Dios, por lo que nunca se debería ofrecer la muerte como respuesta, sino cuidar y acompañar a las personas para que, cuando su Creador lo quiera, exhalen con dignidad su último aliento.

“Esto es muy importante para nosotros, no son solo palabras, por eso hemos abierto las puertas de la Casa Argentina: la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural es parte los valores de nuestro pueblo y el actual gobierno la asume como uno de sus principios de acción política”, detalló.

Al cierre del encuentro, Lola Velarde, directora ejecutiva de Political Network for Values (PNfV), hizo un llamado a construir una cultura en la que resulte impensable responder al sufrimiento mediante la eliminación de quien sufre. Sostuvo que cada vez más personas alzan su voz en favor de la vida y cuestionan la dirección que han tomado algunas legislaciones europeas.

Velarde presentó una hoja de ruta para el cuidado de las personas y la defensa de su dignidad en la etapa final de la vida. “Siempre es posible dar un paso adelante en la afirmación de la vida como un don que debe ser protegido por el Estado. El avance de la eutanasia no es imparable. Cada vez somos más quienes entendemos que la respuesta al sufrimiento es cuidar, acompañar y no descartar”, afirmó.

Usted puede ver la grabación del evento completo aquí.