Compartimos el discurso completo del canciller de la República de Argentina, Pablo Quirno, en la abertura del Triálogo “Protegiendo el Futuro: los derechos naturales en el centro de la agenda internacional”, realizado en el Palacio San Martín, el pasado 24 de julio.

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Sra. Directora Ejecutiva de Political Network for Values, Lola Velarde;

Sra. Presidenta del Institute for Women’s Health, Valerie Huber;

Autoridades y legisladores nacionales,

Representantes de organizaciones de la sociedad civil,

Es un privilegio recibirlos en el Palacio San Martín para inaugurar este Triálogo. La calidad de quienes hoy se reúnen expresa la importancia de la tarea que tenemos por delante. Este encuentro convoca a quienes forman leyes, ejecutan políticas y construyen instituciones. Esa convergencia puede transformar convicciones compartidas en una agenda capaz de proteger la libertad y la vida, al tiempo que orienta la vida pública.

Permítanme comenzar con una definición que atravesó los siglos sin perder vigencia. Santo Tomás de Aquino llamó a la ley natural “la participación de la ley eterna en la criatura racional”. Esa formulación encierra la verdad que hoy nos reúne. Una verdad sencilla, aunque profundamente exigente. La condición humana posee un fundamento anterior a la voluntad del poder. La recta razón puede reconocerlo. La política tiene la responsabilidad de protegerlo.

Hablar de derecho natural no significa invocar una abstracción filosófica ni proponer una doctrina reservada a especialistas. Se trata de reconocer que existen verdades sobre la persona humana que el poder político no establece y que, por esa razón, tampoco puede modificarlas según las circunstancias de cada época. Precisamente porque esos derechos preceden al Estado, constituyen también el límite que ninguna autoridad puede traspasar.

El derecho natural no limita la libertad. Impide que el poder limite arbitrariamente la libertad. La vida no adquiere valor porque una mayoría la reconozca. La libertad no depende de una concesión administrativa. La propiedad no nace de la voluntad del gobernante.

Allí reside la diferencia entre un orden político fundado sobre la naturaleza del hombre y otro construido únicamente sobre la voluntad del poder. Cuando el Estado olvida ese límite, los derechos dejan de ser inherentes a la persona y comienzan a depender de quien circunstancialmente ejerce la autoridad.

Ésta es también la convicción que el Presidente Javier Milei decidió colocar nuevamente en el centro de las prioridades del Estado. Los derechos que nacen con la persona ordenan nuestra política interna y proyectan nuestra voz en el mundo. La vida, la libertad y la propiedad privada forman una trilogía de unidad moral. Allí se encuentra la base de una sociedad en la que cada individuo puede desplegar su vocación, formar una familia, profesar su fe y construir su futuro.

La vida desde la concepción, la libertad, la propiedad privada y la igualdad ante la ley constituyen, por esa razón, la brújula moral de nuestro Gobierno. El Estado encuentra en este principio su orientación y también su límite. La verdadera libertad no nace de la ausencia de límites. Nace del reconocimiento de aquellos derechos que pertenecen naturalmente a cada persona y que ninguna autoridad puede disponer a su arbitrio. Su legitimidad surge de proteger esos derechos y de crear las condiciones para que cada ser humano pueda ejercerlos plenamente.

Esa concepción modifica la manera de entender el ejercicio del poder. Gobernar deja de significar administrar derechos concedidos desde arriba y pasa a consistir en garantizar el libre ejercicio de derechos que existen con anterioridad al propio Estado. Allí radica la idea que fija la dirección de las reformas que impulsa nuestro gobierno.

Cada decisión pública debe responder a una pregunta esencial. ¿Amplía el espacio de libertad de la persona, protege su vida, respeta el fruto de su trabajo y fortalece su responsabilidad? Esa es la medida de una política justa. La economía no constituye un capítulo separado de esta visión. También es una expresión del derecho natural. Cuando el Estado respeta la libertad, protege la propiedad y garantiza reglas estables, reconoce que la persona posee la capacidad de producir, comerciar y prosperar por sí misma.

Nuestra transformación económica nace de esa misma concepción. Una moneda estable protege el fruto del trabajo. El equilibrio fiscal impide que el Estado traslade sus excesos a las próximas generaciones. La seguridad jurídica reconoce que el ahorro, la empresa y la inversión pertenecen a quienes asumen riesgos y crean valor. La propiedad privada ocupa allí un lugar decisivo. Ofrece a cada persona un ámbito de autonomía, permite sostener a una familia y convierte el esfuerzo presente en un proyecto de futuro. Cuando ese derecho se debilita, también se deterioran la responsabilidad, la confianza y la capacidad de generar riqueza.

Por eso abrimos mercados, eliminamos barreras y buscamos reglas previsibles para la inversión. La libertad económica amplía oportunidades y devuelve dignidad al trabajo. Para nuestro Gobierno, superar la pobreza constituye una exigencia moral. La prosperidad deja de ser una cifra cuando una familia recupera horizonte, un joven puede proyectar su vida y una comunidad vuelve a confiar en sus propias fuerzas. Porque una economía verdaderamente libre no produce únicamente riqueza. Fortalece la autonomía de las personas, consolida a las familias y amplía los espacios de libertad que hacen posible una sociedad abierta.

La experiencia argentina demuestra que las verdades permanentes también producen resultados. El orden fiscal, la apertura y el respeto por la iniciativa privada forman parte de una misma recuperación institucional. Los valores que sostienen una sociedad libre son pilares para devolver crecimiento, credibilidad y esperanza.

Carlos Sacheri expresó esta responsabilidad con precisión al escribir que “la ley natural debe ser el fundamento de la ley positiva”. Allí reside la responsabilidad de quienes ejercemos funciones públicas. La ley positiva alcanza su mayor dignidad cuando reconoce una justicia que la precede.

Nuestra tarea consiste en traducir principios rectores en instituciones eficaces, normas claras y decisiones capaces de proteger a la persona en la vida cotidiana. Defender la vida significa reconocer el valor irrepetible de cada ser humano desde su concepción. Defender la libertad significa afirmar que toda persona posee conciencia, responsabilidad y una vocación que el poder debe respetar. Defender la propiedad significa garantizar el fruto del trabajo, el ahorro de una familia y la posibilidad concreta de construir un porvenir.

Estos tres derechos no compiten entre sí. Forman una arquitectura indivisible. La vida constituye el presupuesto de toda libertad. La propiedad protege el fruto de ese esfuerzo y ofrece el ámbito de autonomía indispensable para sostener una familia, emprender y transmitir un legado. Cuando uno de esos pilares se debilita, todo el edificio institucional comienza a perder estabilidad.

La coherencia de una Nación también se mide de esta manera. Un país que reconoce estos principios en su vida interna no puede abandonarlos cuando se proyecta al mundo. La política exterior nunca constituye un ámbito separado de la vida nacional. Es la expresión internacional de la concepción que una sociedad tiene acerca de la persona humana. Por esa razón, la diplomacia jamás puede quedar separada de los fundamentos que organizan la República.

Las naciones proyectan hacia el mundo la misma idea de persona con la que organizan su propia vida institucional. Como Canciller y Ministro de Culto, me corresponde transformar esta visión en acción internacional y en diálogo institucional con las comunidades de fe.

La política exterior argentina nunca es neutral frente a la concepción del ser humano. Cada posición que un país adopta revela qué entiende por dignidad, cuál considera que es el límite del poder y qué clase de civilización está dispuesto a defender. Cada voto, cada negociación y cada alianza expresa una jerarquía de valores. La diplomacia argentina vuelve a hablar desde una identidad reconocible, arraigada en la tradición occidental y en nuestras raíces judeocristianas.

Esa identidad orienta nuestra actuación en los foros internacionales. La Argentina promueve la protección de la vida desde la concepción, reconoce a la familia como unidad natural y fundamental de la sociedad, defiende la libertad religiosa y de conciencia y sostiene una agenda de la mujer que valore plenamente su dignidad y su papel decisivo en la vida social. También sostiene la soberanía de los Estados y la igualdad jurídica de todos los individuos. Son posiciones coherentes con nuestra Constitución, con nuestra historia y con el mandato recibido por este Gobierno.

El debate multilateral necesita recuperar su propósito. Los organismos internacionales alcanzan legitimidad cuando preservan la paz, facilitan la cooperación y ofrecen soluciones concretas. Pierden autoridad cuando sus burocracias intentan transformar preferencias ideológicas en obligaciones universales. La Argentina participa con voz propia. Examinamos cada iniciativa a la luz del valor irrepetible de la vida, de la libertad de las naciones y de los resultados que ofrece a las personas reales. Nuestra posición exige coraje intelectual.

La crisis que atraviesa Occidente no comenzó únicamente en el terreno económico o tecnológico. Comenzó cuando muchas sociedades dejaron de reconocer los fundamentos permanentes sobre los cuales habían construido su libertad. Allí se encuentra también el origen de buena parte de los debates que hoy atraviesan al sistema internacional. Durante años, ciertos consensos ficticios desplazaron preguntas esenciales y presentaron el relativismo como una forma inevitable de progreso. Nuestro país decidió no resignarse a esa deriva. Creemos que la fortaleza de una democracia depende de los valores sobre los cuales decide construir sus instituciones.

La Argentina vuelve a formular una pregunta elemental. ¿Quién protege a la persona cuando la política desconoce una verdad anterior a sí misma? La respuesta define la calidad de nuestras democracias y también el porvenir de Occidente.

La batalla cultural también se libra en el lenguaje. Las palabras pueden iluminar la realidad o encubrirla. Una agenda pública seria debe llamar vida a la vida, libertad a la libertad y propiedad a la propiedad. Cuando el vocabulario se separa de la naturaleza humana, la legislación pierde orientación y la diplomacia queda sometida a las corrientes ideológicas del momento. Recuperar la verdad de las palabras es también recuperar la responsabilidad de la política.

Esta convicción explica nuestra defensa de la familia. Allí la persona recibe cuidado, aprende deberes, descubre límites y conoce el valor de la entrega. Allí se transmite una cultura y se forma el carácter de una nación. Una política que fortalece a las familias construye capital moral, confianza social y estabilidad. Una diplomacia que reconoce su importancia resguarda el tejido humano sobre el cual descansa toda comunidad internacional.

La misma concepción de la persona orienta nuestra defensa de la libertad religiosa. La fe forma parte de la identidad profunda de millones de ciudadanos y aporta una fuente decisiva de servicio, educación y sentido. Además, desde la Cancillería promovemos un diálogo respetuoso con las confesiones religiosas. Dios puede ocupar un lugar en la conversación pública con serenidad, inteligencia y respeto por la libertad de cada conciencia.

Este Triálogo tiene, en consecuencia, una misión que excede esta jornada. Reúne conocimiento, decisión política y liderazgo cívico para convertir una visión compartida en capacidad de acción. Puede acercar las experiencias internacionales a nuestras instituciones y proyectar desde la Argentina una voz que hoy posee claridad, convicción y voluntad de liderazgo.

La humanidad viene reflexionando sobre estos principios desde hace siglos. Cicerón los resumió con una claridad que todavía interpela a nuestro tiempo: “habrá una sola ley, eterna e inmutable, válida para todos los pueblos y todos los tiempos”.  Esa universalidad define la responsabilidad de nuestra generación. El poder encuentra su límite en la dignidad de la persona. La ley alcanza legitimidad cuando reconoce aquello que la precede. La acción internacional adquiere grandeza cuando lleva esa verdad al encuentro entre las naciones. La Argentina ha elegido ocupar ese lugar.

Desde esta Casa, los convoco a transformar principios en instituciones, convicciones en políticas y valores en una presencia internacional firme. Los argentinos vuelven a reconocerse en las ideas que dieron forma a Occidente y las ofrecen al mundo como rumbo de gobierno.

Defender el derecho natural no significa mirar hacia el pasado. Se trata de recordar que existen verdades capaces de orientar el futuro. Las sociedades que olvidan sus fundamentos terminan discutiendo permanentemente cuáles son los derechos de la persona. Las sociedades que los reconocen pueden dedicar toda su energía a protegerlos, transmitirlos y hacerlos florecer. Allí comienza la verdadera libertad de una Nación. Allí comienza también su porvenir.

El futuro se protege desde sus fundamentos. Cuenten con esta Cancillería y con mi compromiso personal para proyectar una diplomacia al servicio de la vida, de la libertad, de la propiedad y de la dignidad humana.

Muchas gracias.