Buenos Aires | Crear un índice que mida el impacto de cada política pública sobre las familias, reemplazar el asistencialismo por una “perspectiva transversal de familia” y fortalecer el derecho de los padres a educar a sus hijos fueron algunas de las propuestas centrales del Foro Político “Libertad para el Futuro”, realizado el pasado 23 de junio, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro reunió a más de 200 personas —miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los niveles nacional, provincial y municipal, líderes de organizaciones cívicas y especialistas de Argentina, Chile, Estados Unidos y Hungría— con un diagnóstico común: la caída de la natalidad y la fragilidad de los vínculos familiares requieren que el Estado coloque a la familia en el centro de sus políticas.
El foro fue convocado por la red internacional Political Network for Values (PNfV – Red Política por los Valores), en alianza con Fundación Faro, Argéntea, Mises Cono Sur, Global Center for Human Rights y Fundación Free.
La caída de la natalidad, en debate
Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que el descenso demográfico no se explica solo por factores económicos, sino también por un componente cultural, y apuntó la necesidad de un cambio de paradigma: la ciudad que gobierna, dijo, tiene un “déficit vital”, ya que desde 2019 las muertes superan a los nacimientos y los perros superan en cantidad a los niños.
Recuperar la herencia común de un pueblo que valora la vida y la familia es una tarea urgente; no queremos volver al pasado, queremos recrear esa herencia que abre caminos para asegurar hoy la libre búsqueda de la felicidad, afirmó Santiago Santurio, diputado nacional y miembro por Argentina del Consejo Asesor de PNfV.
El ministro porteño de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, afirmó que detrás de numerosos problemas sociales existen vínculos familiares rotos y cuestionó las políticas asistencialistas que perpetúan la dependencia del Estado. Propuso colocar a la familia en el centro de las políticas públicas para fortalecerla como la primera y más importante red de apoyo y contención social.
Carmen Soza, directora ejecutiva del think tank chileno Ideas Republicanas, propuso originalmente la creación de este índice de impacto familiar, en el marco de un enfoque desde la “perspectiva de familia” que articule transversalmente las políticas públicas en distintos niveles de gobierno.
La jurista Úrsula Basset, directora del Centro de Investigaciones en Derecho de Familia, planteó que los subsidios directos tienen alcance limitado si no existen condiciones estructurales que sostengan un proyecto de maternidad, y que la baja natalidad también refleja una crisis de sentido y de expectativas.
El húngaro Vajk Farkas, del Center for Fundamental Rights, citó el caso de su país: en diez años de políticas de fortalecimiento familiar, los matrimonios se duplicaron, el divorcio cayó 57 % y el 75 % de los nacimientos ocurre hoy en hogares con padres casados.
Para la senadora nacional Carmen Álvarez, la baja natalidad argentina es el síntoma de un país que durante años perdió estabilidad, dificultó el acceso a la vivienda y erosionó la confianza en el futuro.
Los gobiernos municipales: la línea de frente
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, señaló que todo gobierno debería preguntarse para qué gobierna, y que la respuesta debería ser obvia y concreta: “para mejorar la vida de las familias de nuestras ciudades, porque es en la familia que se fragua el futuro”.
Rodrigo Aybar, intendente de Tres de Febrero, citó un programa municipal de apoyo a la maternidad que incorporó, tan solo en los dos primeros meses de implementación, a más de 130 mujeres embarazadas, y que acompañará a sus hijos durante los primeros mil días de vida. Dijo que iniciativas como esa han ganado amplio respaldo de la población y se han convertido en un punto de convergencia para los diversos sectores políticos del municipio.
Fernando Rambaldi, de La Calera, describió la reorganización que implementó en la asistencia municipal para evitar su utilización clientelar y colocar el bienestar familiar como criterio clave de gestión.
Protección integral de la infancia y derechos parentales
El diputado nacional Joaquín Ojeda apuntó dos desafíos emergentes para la protección a la infancia: el adoctrinamiento de género en instituciones de educación y el acceso a la hormonización y cirugías de “cambio de sexo” a menores de edad, y afirmó que el actual gobierno nacional tiene una agenda de valores muy clara en la que no cabe la ideología de género.
Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires, describió cómo los programas educativos de su provincia —en especial “Identidades Bonaerenses”— incentivan al niño, desde los cuatro años, a poner en duda su identidad sexual sin conocimiento de los padres. La provincia cuenta con 140 centros de hormonización, de los cuales 29 son específicamente para niños. El sistema, dijo, parece estar diseñado para que el niño que ingresa en el sistema educativo termine en un centro de hormonización.
La legisladora porteña Andrea Freguia anunció que presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que protege a los menores de edad de la hormonización y el cambio de sexo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La experiencia estadounidense fue presentada por Laura Bryant Handford, analista de The Heritage Foundation, quien repasó controversias judiciales y legislativas en torno a los derechos parentales, la participación en deportes femeninos y los tratamientos médicos de “transición de género” en menores.
Señaló que distintos estados de su país avanzaron en restricciones a esos procedimientos y sostuvo que, cuando no existe consenso para una prohibición general, una primera medida puede ser garantizar por ley que las escuelas informen a los padres sobre los contenidos y decisiones relacionados con sus hijos.
Una agenda común
El foro contó con la presencia de la exvicepresidente Gabriela Michetti, quien destacó que era la primera vez que participaba en un encuentro sobre natalidad y protección a la infancia con una representación política tan variada y con tantos líderes de la sociedad civil. Consideró que se trata de una señal positiva que refuerza la trascendencia de ambos temas.
PNfV, principal convocante del evento, es una plataforma internacional que agrupa a dirigentes de 45 países en torno a la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales, y cuyos miembros participan a título personal. Es una red no confesional y suprapartidaria. Su directora ejecutiva, Lola Velarde, también participó del foro y expuso una Hoja de Ruta para Argentina .
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