Libertad o autoritarismo. Esta fue la disyuntiva que enfrentaron los ciudadanos que participaron en los procesos electorales realizados en México y en Perú el pasado domingo 6 de junio. En Perú tuvo lugar el segundo turno para elegir al presidente de la República, y en México se renovó a nivel federal la Cámara de Diputados, los congresos locales y algunas gubernaturas y alcaldías.

El voto últil fue el recurso utilizado por millones de electores, en México para intentar evitar que el presidente Manuel Andrés López Obrador obtuviera la mayoría cualificada en la Cámara de Diputados, con la que pretendía obtener una mayor concentración de poder realizando cambios constitucionales; y en Perú para intentar cerrar el paso a la Presidencia a un hombre que pretende refundar el país desde sus cimientos con un programa radical de izquierda, que prevé, por ejemplo, «acabar en el acto con el Tribunal Constitucional».

En México se frenó a López Obrador, pero la oposición no tiene el control de la Cámara; y en Perú el socialismo – o el narcocomunismo – está a un paso de instalarse en la silla presidencial.

Perú, menos de 1% de votos definirán la elección 

En Perú, el comunista Pedro Castillo y la liberal Keiko Fujimori disputan, literalmente, voto a voto la Presidencia del país. Todas las actas fueron ya computadas y los resultados oficiales, publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informan que Castillo obtuvo 50,20% de los votos válidos, y Fujimori 49,79%. La diferencia entre uno y otra es de menos de 1%, para ser exactos 0,41%, apenas 71 mil votos.

La autoridad electoral aún no ha proclamado al ganador y es posible que el proceso se resuelva en los tribunales. Fujimori pidió este miércoles 9 de junio ante el tribunal electoral la nulidad de 802 mesas a nivel nacional que representan unos 200 mil votos. El el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició ese mismo día el recuento nacional de los votos, procedimiento habitual en los procesos electorales del país, y debe analizar en los próximos días el recurso de la candidata.

Fujimori ha levantado la tesis de un «fraude sistemático»: miembros del partido de Castillo, Perú Libre, y sus aliados habrían producido intencionalmente irregularidades en un determinado número de mesas, no muchas para no descalificar toda la elección, pero sí las suficiente para darles ventaja ante el apretado márgen en el que los candidatos llegaron a la recta final.

Para el analista peruano Carlos Polo, director para Latinoamérica del Population Research Institute, la estrategia comunista es vender una victoria que todavía no se ha producido. El mismo día de la elección, en un momento en que Fujimori aparecía al frente de los primeros resultados parciales de la ONPE, a través de un tuit, Castillo pidió a sus seguidores «salir a las calles» a defender su triunfo contribuyendo a una mayor polarización del ambiente.

Un elemento que complica el actual escenario es la imagen de Jorge Salas Arenas, el presidente del JNE, la autoridad electoral, empañada por acusaciones de defender a algunos miembros de Sendero Luminoso (SL) hace algunas décadas. El niega «ser abogado de terroristas» pero dice que prestó sus servicios jurídicos a «personas imputadas por terrorismo», y rechaza el «rotulo de comunista», aunque reconoce que tuvo vínculos «con un movimiento de izquierda» en el pasado. Hay quien ve en él un aliado de Castillo, al que también se le acusa de vínculos de vínculos con terroristas.

Si el candidato del izquierdista Perú Libre, afiliado al Foro de São Paulo, es confirmado como ganador y aplica el programa que anunció en campaña, contemplaremos una tentativa de “reformular” al país desde sus cimientos, destruyendo sus instituciones, convocando una Constituyente, y concentrando el poder en las manos de la izquierda más radical del país; si la candidata de Fuerza Popular consigue una victoria a través de la judicialización de la elección, tendrá un gobierno débil, bajo la sospecha constante de la ilegitimidad, sujeto a intensas presiones y enfrentando una “revolución molecular” semejante a la que hemos visto en Colombia y Chile. En ambos casos, el país vivirá una situación extraordinariamente delicada; pero el primer escenario es, a todas luces, más grave que el segundo.

México, un freno en el camino hacia la Presidencia Imperial

En el caso de México, lo que estaba en juego era, sobre todo, era el control de la Cámara de Diputados. El presidente Manuel Andrés López Obrador, buscó que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consiguiera el dominio total de la Cámara Baja con la mayoría cualificada (dos terceras partes, 334 de los 500 diputados) para introducir cambios a la Constitución que le permitieran, por ejemplo, la reelección y una mayor concentración del poder. No lo logró. Morena perdió 50 diputados y se quedó con 203. Antes, la sigla sola formaba la mayoría simple, ahora para ello necesita de los partidos de su base aliada que en conjunto le dan 95 diputados más. La segunda mayor bancada quedó con el conservador Partido Acción Nacional (PAN) que fue de 79 a 117 diputados.

Buena parte de estos resultados, son producto de un intenso esfuerzo ciudadano que ante la amenaza totalitaria optó por el voto útil, simple y puro: millares de organizaciones promovieron votar, en cada distrito electoral, por el candidato que tuviera más posibilidades de derrotar al propuesto por Morena. El resultado fue positivo, pero debajo de las expectativas de darle a la oposición el control de la Cámara. En materia de protección y promoción de la vida, la familia y las libertades fundamentales, el panorama es aún incierto, pues con el voto útil ganaron un número no pequeño de candidatos imprestables, el mapeo definitivo se irá clarificando en los próximos meses.