Sin ceder a las intensas presiones que recibió en los últimos meses por parte de feministas radicales, el gobierno federal y las oficina para derechos humanos de las Naciones Unidas en México, el Congreso de Quintana Roo rechazó este martes, 2 de marzo, la despenalización del aborto en ese estado, al extremo sur de México. La victoria provida fue contundente: fueron 7 votos a favor y 13 en contra.
Los diputados derrumbaron dos iniciativas de ley, una que pretendía reformar la Constitución local, para modificar el artículo 13, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción, y un paquete de cambios a los códigos penal, civil y a la ley de salud. Si aprobadas, el asesinato de bebés sería liberado, bajo cualquier circunstancia y bajo libre demanda, hasta la semana 12 de gestación.
El amplio rechazo de los parlamentarios al aborto se manifestó dos veces. La primera, al rechazar el dictamen con las dos iniciativas, para reformar la constitución eran necesarios 17 votos favorables, y obtuvieron solo 7; enseguida, cuando fueron consultados si querían que fuera elaborado otro dictamen que permitiera un mayor consenso, la respuesta fue el «no» de 12 diputados, y el «si» de 8.
La determinación de los legisladores fue celebrada por diversos sectores de la población y cientos de ciudadanos que esperaban el resultado fuera del Congreso, y reviste una relevancia particular porque extrapola la incidencia local.
Allí parecía estar ensayándose un nuevo modelo para hacer avanzar la agenda abortista en la región, especialmente en los locales donde encuentra fuertes resistencias: extremistas secuestrando parlamentos con el amparo de las oficinas locales de la ONU. Por tanto, la tremenda derrota de la «horda verde» es una buena noticia para la región, especialmente para Centroamérica.
El secuestro del Congreso y el amparo de la ONU
Desde la noche del 27 de noviembre, unas 20 militantes de la Red Feminista Quintanarroense ocuparon por la fuerza las instalaciones del Congreso del Estado de Quintana Roo. Al día siguiente, la diputada Ana Pamplona, autora de la iniciativa de reforma al artículo 13 de la constitución, se presentó en el campamento como parte de una comitiva legislativa para escuchar sus demandas y darles la garantía de que no se procedería legalmente contra ellas por el secuestro de las instalaciones.
Con ello, se les reconoció como interlocutoras válidas y, en la práctica, se les entregó la sede. Toda actividad legislativa quedó paralizada.
Las autoridades locales intentaron remover a las feministas cortando los servicios de agua, luz y de acceso a comida, sin embrago, las gestiones de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y de la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU activaron el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Resultado: el 22 de diciembre el gobierno federal publicó un comunicado en el que da a las extremistas el estatus de “defensoras de los derechos de la mujeres y las niñas” y pide a las autoridades del estado “crear las condiciones adecuadas y propicias para que las manifestantes ejerzan su legítima labor, incluida la libertad de expresión y el derecho a la protesta”.
Así, las convirtieron en «intocables».
Cuando, en enero, líderes provida de Quintana Roo cuestionaron públicamente a la comisión local de derechos humanos por pronunciarse contra el derecho fundamental a la vida y solicitaron al gobernador la destitución del titular, la ONU respondió con un comunicado, junto con otras comisiones estatales, exigiendo “respeto al desempeño y la autonomía” del órgano estatal. Abortistas tienen derechos, providas no.
El 10 de febrero, el Congreso y la Red Feminista firmaron un convenio que imponía a los parlamentarios una agenda legislativa con plazos bien definidos para la discusión y votación de la despenalización. Foros de consulta, las sesiones de comisiones, el dictamen y la votación, todo en menos de diez días. Del 16 al 24 de febrero.
Además, incluyeron 9 exigencias más para ser tratadas por el Congreso a lo largo del año: la creación de los nuevas figuras penales de «feminicidio infantil» y «transfeminicidio»; dejar de lado la iniciativa del «pin parental», un dispositivo legal que permite a los padres de familia evitar que sus hijos sean expuestos a contenido escolar con ideología de género; imponer la “educación integral sexual” en la escuelas primarias y secundarias del estado, entre otras.
Por si fuera poco, se estableció en el convenio que los diputados no podían realizar “señalamientos políticos o sociales contra integrantes de la Red Feminista”.
Con la firma del acuerdo, el Congreso quedó claramente sometido a los caprichos de un grupo de presión y a su agenda político-ideológica.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una nota en la que manifiesta su beneplácito por los términos del acuerdo y reconoce que ofreció al Congreso «asesoría y cooperación técnica» al Congreso para este fin, pero algunos diputados lo sospechan que también asesoraron a las invasoras, y desde el inicio.
Para los «verdes» todo vale… también aberraciones legislativas
El 24 de febrero, último día del cronograma impuesto por las feministas y en el que se preveía sería votado el dictamen final de las iniciativas de despenalización, aunque todo parecía ir «viento en popa» para la «horda verde» las cosas comenzaron a descomponerse.
Las feministas necesitaban 17 votos de un total de 25 para modificar la Constitución local y no contaban con ese número. Por eso, el diputado José Luis Guillén López propuso aprobar la despenalización solo a través de una ley secundaria, la reforma de los códigos penal y civil, que requería solo de mayoría simple. El artículo 13 de la Constitución permanecería intacto, pero como texto decorativo.
Evidentemente, una ley secundaria no puede oponerse a una ley primaria. A pesar de ello, los abortistas hicieron la puesta por esa vía, y para hacerla mas apetecible, redujeron el plazo para practicar un aborto legal de 12 a 8 semanas de gestación. Algo similar se hizo en el vecino estado de Oaxaca en 2019.
La jugada generó una molestia profunda entre un significativo grupo de legisladores. Para evitar tal aberración legal, cuatro diputados provida rompieron el quórum de la sesión en la que se votaría el dictamen final, antes de ser enviado al Pleno, y hubo que instalar un receso. Al parecer allí hubo un quiebre profundo.
Aquí se infligió al bloque abortista – diputados, feministas y burócratas de la ONU – su primer derrota.
De acuerdo con informaciones de algunas fuentes, los diputados estaban divididos prácticamente por la mitad, en dos grupos, con algunos pocos indecisos. Por eso, la estrategia de Guillén era peligrosa. Pero ese día, además del quórum, algo mas se quebró.
Una derrota aplastante
En respuesta al bloqueo, las feministas cerraron de nuevo el Congreso, retiraron la bandera nacional e izaron un trapo verde, símbolo del movimiento abortista. Al día siguiente, a través de un comunicado, alegaron el incumplimiento del convenio del 10 de febrero y pidieron un nuevo interlocutor «a nivel federal».
También afirmaron que, efectivamente, no buscaban ahora la reforma de la Constitución, sino una legalización como la de Oaxaca, porque además de no contar con los votos necesarios, el proceso se podría «empantanar», al ser requerida la posterior validación de la ley en la mayoría de los municipios del estado.
Días después, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso anunció que había llegado a un nuevo acuerdo con el Frente Feminista y que sería divulgado, el 2 de marzo, un nuevo cronograma. Parecía que las extremistas habían recuperado el control sobre los diputados.
Sin embargo, el nuevo cronograma nunca llegó. El día 2 se realizó una sesión de comisiones en la que se aprobó un dictamen unificado donde se incluían tanto la reforma a la Constitución – ahora temida por los abortistas – como la reforma de los códigos penal y civil. Con ello, se impuso a los «verdes» una segunda derrota. Si querían concretar la despenalización necesitarían de 17 votos.
Y acto seguido, terminada esa reunión, se abrió en el plenario una sesión ordinaria y allí, como único punto a tratar, se colocó a votación la despenalización. El resultado fue sorprendente: 7 a favor y 13 contra. Cinco diputados no votaron, pero aunque hubieran votado a favor de los «verdes» hubieran perdido. Les faltarían cinco votos para los 17. Y aún en votación por mayoría simple, hubieran tenido un voto menos que los parlamentarios provida.
Para los «verdes», la derrota fue monumental. La ONU aún no se pronunció.
La acción intensa y perseverante de las organizaciones provida, la radicalización y las «trampas» de los «verdes», y la decisión firme de 13 parlamentares de Quintana Roo mudaron el juego y echaron por tierra lo que parecía ser una nueva táctica para hacer avanzar la agenda de la muerte en Latinoamérica. Fue una victoria local cuyos efectos positivos serán experimentados en toda la región.
