El Congreso de Quintana Roo, entidad federativa ubicada en el extremo sur de México, decidirá este miércoles 24 de febrero si despenaliza o no el aborto bajo libre demanda hasta la semana 12 de gestación.

El caso reviste singular relevancia porque la forma en que los parlamentarios fueron obligados a colocar el tema en votación puede convertirse en un modus operandi de grupos radicales y repetirse en otros países de la región.

La Red Feminista Quintanarroense tomó las instalaciones del Poder Legislativo local en noviembre del año pasado impidiendo su funcionamiento durante tres meses seguidos, hasta que impusieron a los diputados, el pasado 10 de febrero, una agenda legislativa con plazos bien definidos para que dos iniciativas de ley fueran discutidas y votadas: una reforma a la Constitución local y otra modifica el Código Penal.

Todo el proceso legislativo debería realizarse en menos de quince días. Hoy se cumple la deadline y debe colocarse a votación en la sesión plenaria que inicia a las 11 de la mañana.

El grupo – minúsculo, radical y bien entrenado – prácticamente secuestró la institución y lo hizo bajo el amparo del gobierno federal y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que les otorgaron estatus de «defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas».

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador accionó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en favor de las feministas y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respaldó desde el primer momento la toma del Congreso arguyendo que las extremistas ejercían su «derecho a la libre manifestación».

En el apresurado proceso de discusión de los dos proyectos de ley diversos sectores de la población se manifestaron contrarios a modificar la Constitución cuyo artículo 13 dice:

«El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le refuta como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte».

En 2009 ese estado fue el noveno a blindar en su ley fundamental el derecho a la vida.

Representantes del Colegio Médico de Quintana Roo se posicionaron abiertamente en contra de la aprobación de la interrupción legal del embarazo, durante uno de los foros de consulta. De acuerdo con cifras oficiales el año pasado fueron denunciado 13 abortos clandestinos en una población de 2 millones de habitantes.

Organizaciones ciudadanas entregaron 100 mil firmas al Congreso exigiendo no se legisle a favor del aborto, el colectivo feminista envío 14 mil.

Para que las iniciativas de ley sean aprobadas son necesarios por lo menos 17 votos de los 25 legisladores.

Un dato curioso: la votación se realiza mientras el presidente de Argentina, Alberto Fernández, realiza gira por México. El país austral despenalizó el aborto, a través de una iniciativa enviada por el mandatario, que también permite que se asesine bebés en gestación bajo libre demanda de sus madres hasta la semana 14.