Miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Guatemala participaron el jueves 25 de septiembre en una sesión de alto nivel para dialogar sobre políticas públicas de protección a la vida y la Institucionalidad de la familia.
La reunión se celebró en el Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC) y contó con la presencia de expertos internacionales y funcionarios de los ministerios de Educación y Desarrollo Social, la Secretaría de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Alfabetización, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, así como parlamentarios y miembros del Ministerio Publico. También participaron representantes de organizaciones sociales e instituciones religiosas.
“Organizamos este evento para tomadores de decisión, nos acompañaron representantes de diferentes órganos de Estado para dialogar sobre dos pilares de Guatemala que poseen rango constitucional: nuestra Carta Magna protege la vida desde la concepción y a la familia como institución fundamental para el desarrollo de la nación” explicó el diputado Ronald Portillo, uno de los idealizadores de la iniciativa.
El evento es parte del Encuentro por la Libertad Religiosa, la Vida y la Familia, organizado por el Frente Parlamentario por la Libertad Religiosa, la Asociación la Familia Importa (AFI) y Political Network for Values (PNfV – Red Política por los Valores), y que reunió el 24 de septiembre en el Congreso de la República a parlamentarios de ocho bloques políticos y a líderes de diversas organizaciones sociales.
El diputado Rodrigo Pellecer, presidente del Frente Parlamentario por la Libertad Religiosa, señaló que Guatemala posee la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, vigente hasta 2032, y cuya aplicación requiere una mayor coordinación de los tres poderes.
Valerie Huber, presidente del Institute for Women’s Health y promotora del Consenso de Ginebra, afirmó que la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, cuyos resultados iniciales fueron robustos y alentadores, es ya un modelo para otros países.
Y apuntó que “las naciones pueden avanzar en salud y desarrollo sin renunciar a los valores de su pueblo, sus principios constitucionales y su soberanía. Guatemala demostró ya que esto es posible”.
Entre las autoridades presentes, la viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, presentó un breve informe de los avances que su ministerio ha tenido en la aplicación de esa política pública y detalló el alcance de algunos programas que contemplan el cuidado a la vida y el apoyo a las familias más vulnerables.
Y René Guillermo Girón Palacios, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, expuso las dificultades que el poder judicial enfrenta para garantizar las leyes nacionales y el orden constitucional frente a las presiones que con frecuencia ejercen organismos internacionales.
Ligia Briz, directora ejecutiva de AFI, resaltó la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia es una política de Estado que fue construida con la participación de la sociedad civil y que se apega fielmente a las normas constitucionales.
En la misma linea, Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de PNfV, dijo cuando los ciudadanos participan en la elaboración de políticas públicas pueden garantizar de forma más efectiva el respeto a su cultura y sus valores: “salvaguardando la vida y la familia construimos la paz, colocamos bases firmes al desarrollo y ejercemos una democracia que vincula representantes y representados”.
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