Análisis | Por Carlos Polo | Un nuevo informe de Population Research Institute (PRI) expone con detalle el funcionamiento del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), una red internacional creada para introducir y normalizar el aborto clandestino con misoprostol en Iberoamérica.

Con presencia en 19 países y 165 organizaciones miembros, CLACAI se presenta como defensora de los “derechos sexuales y reproductivos”, pero su objetivo real es legalizar el aborto sin restricciones y debilitar las leyes que protegen la vida.

La razón de ser de CLACAI: el aborto con misoprostol

El misoprostol es un medicamento aprobado en la mayoría de países para tratar úlceras gástricas o inducir el parto en contextos médicos controlados. CLACAI y sus aliados lo promueven para otro fin: provocar abortos en casa, sin supervisión médica. Lo llaman “aborto seguro” o “aborto autogestionado”, pero en realidad es una automedicación clandestina que puede causar hemorragias, infecciones, daños irreversibles e incluso la muerte.

El método es simple y peligroso: la mujer adquiere las pastillas en el mercado negro, generalmente a través de páginas web o redes sociales, y recibe instrucciones por internet o teléfono para administrarse la droga a solas. Si surgen complicaciones, se le aconseja acudir a un hospital diciendo que se trata de un aborto espontáneo, lo que evita sanciones legales para quienes le vendieron o indicaron el uso del fármaco. Así, los promotores se liberan de responsabilidad penal, trasladando todo el riesgo a la mujer. No es autonomía, es abandono.

Esta práctica ilegal pone a mujeres vulnerables en manos de delincuentes que les venden las pastillas y luego las abandonan, dejándolas solas frente a una automedicación que puede ocasionarles serios daños o la muerte. 

La red CLACAI alberga entre sus miembros a ONGs abortistas internacionales como Safe2Choose y Women Help Women que promueven el uso de misoprostol adquirido ilegalmente para provocar abortos. Otros miembros de CLACAI han reproducido estas “consejerías de aborto autogestionado” a lo cual se suman los “servicios de venta de misoprostol por delivery” en el mercado negro a través de redes sociales, exponiendo a las mujeres a un triple riesgo: el de salud, el de seguridad y el económico. 

De la clandestinidad al activismo coordinado

Estas prácticas son parte de una estrategia global cuidadosamente diseñada en despachos internacionales. Su origen se remonta a 2003, con la creación de la ONG Gynuity Health Projects, concebida específicamente para desarrollar y expandir en todo el mundo el uso del misoprostol como herramienta para provocar abortos. La dirección recayó en Beverly Winikoff, quien acumulaba 25 años de experiencia como directora de Salud Reproductiva en Population Council, uno de los actores clave de la industria abortista internacional.

Fundada en 2006, CLACAI fue creada para articular tres frentes estratégicos en la región de Iberoamérica:

• Jurídico-político: diseña litigios, redacta protocolos y presiona a cortes nacionales e internacionales para despenalizar o legalizar el aborto.
• Mediático-cultural: instala narrativas que presentan el aborto como un derecho humano y naturalizan su práctica fuera del sistema de salud, mientras desacreditan al movimiento provida.
• Tecnológico-práctico: entrena a personal sanitario, distribuye manuales para abortos químicos y mantiene plataformas digitales que orientan a mujeres a realizar abortos clandestinos.

En el núcleo de esta red están ONGs internacionales como IPPF (la franquicia de clínicas de aborto más grande del mundo), Planned Parenthood Global, Population Council, Amnistía Internacional y Women Deliver, además de grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, creados para confundir a los católicos sobre la doctrina de la Iglesia. La coordinación regional de CLACAI se ejerce desde Perú y está a cargo de la ONG PROMSEX.

El cambio de paradigma: del hospital a la casa

Al margen del debate de la legalidad, el aborto siempre ha sido un procedimiento médico que debía realizarse en un centro de salud. Ahora, la estrategia de CLACAI consiste en trasladar ese acto al hogar y convertirlo en una “acción autónoma de la mujer”. Este cambio libera de responsabilidad penal a médicos e instituciones sanitarias, pero obliga al personal de salud a atender las complicaciones frente a los cuales no podrían oponer objeción de conciencia.

Las consecuencias ya se sienten: mujeres que han sufrido graves daños y otras que han perdido la vida tras el uso de misoprostol. Aunque no siempre se publican estas historias, el patrón es claro: la red promueve un método riesgoso, lo vende como seguro y oculta sus efectos adversos.

La conexión con USAID y la amenaza a la soberanía

El informe de PRI documenta que las principales organizaciones que lideran CLACAI han recibido financiamiento directo o indirecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Así, recursos públicos de cooperación internacional terminan financiando una práctica ilegal y peligrosa, además de una agenda ideológica contraria a las leyes de la mayoría de países iberoamericanos.

Esta operación, coordinada a nivel regional, erosiona la capacidad de los Estados para definir sus propias políticas en materia de salud y protección de la vida. Bajo el discurso de los derechos humanos, se ejerce una presión externa que compromete la soberanía normativa de las naciones.

El informe de PRI se basa en documentos internos, declaraciones públicas y materiales producidos por la propia red. Son sus propias palabras y acciones las que muestran su objetivo. La ciudadanía y los legisladores tienen derecho a conocer quiénes integran esta red, cómo operan y de dónde proviene su financiamiento.

Solo con información transparente se puede ejercer un verdadero control democrático y proteger tanto la vida de los no nacidos como la salud de las mujeres. Frente a esta amenaza, el silencio no es opción. Es complicidad.

Descargue aquí el Informe sobre el CLACAI.

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Carlos Polo es director de la oficina para Iberoamérica de Population Research Institute, miembro del Comité de Expertos de la Political Network for Values, y coautor del libro “¿Desarrollo sostenible o rendición de soberanía?: Alcances de la Agenda 2030 e implicancias del Marco de Cooperación entre la ONU y el Perú”.

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