El Parlamento de Paraguay aprobó una ley de transparencia que permitirá conocer las fuentes de financiamento de asociaciones sin fines de lucro en el país. La iniciativa fue mal recibida por organizaciones abortistas que reciben dinero del exterior.

La iniciativa legislativa «que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro» fue sancionada el pasado 16 de octubre por el Congreso Nacional, y ahora espera la sanción del presidente Santiago Peña.

La nueva ley estabelece que ese tipo de asociaciones deberán estar inscritas en un registro nacional y deberán especificar, en informes semestrales, el origen, uso y destino de los fondos que reciben. Su objetivo es asegurar la transparencia en el uso de los fondos y establecer un sistema de rendición de cuentas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Amnistia Internacional y organizaciones locales que promueven el aborto o la ideología de género han lanzado una campaña contra la ley y, como no tivieron éxito en modificar el voto de los legisladores, piden que sea vetada por el Poder Ejecutivo. Afirman que viola el derecho de asociación y que podría significar el fin de algunas organizaciones.

Sin decirlo claramente, se refieren, sobre todo a organizaciones que reciben financiamento internacional para promover o practicar el aborto, que es ilegal en el país, salvo en el caso de riesgo de vida de la madre.

«La aprobación de este proyecto de ley es necesaria porque hay organizaciones no gubernamentales que constituyen en verdaderas estructuras financiadas principalmente por organizaciones extranjeras o agencias internacionales que impulsan una agenda política e ideológica contraria a las leyes y costumbres de nuestra nación», afirmó la abogada Dannia Ríos Nacif, fundadora del Movimiento por la Vida y la Familia.

«Hay asociaciones que operan como verdaderos brazos ejecutores de los intereses de sus financiadores o de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, o incluso la Unión Europea, independientemente de los intereses nacional o de la legislación local. Un ejemplo claro es la apología al aborto, que es reconocido en nuestro país como crimen, y es presentado por elos como derecho», advierte.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, expresó en julio su preocupación por el avance de la inicitiva en el Legislativo porque «impone restricciones sustanciales» a la financiación de asociaciones, así como «requisitos adicionales de registro y sanciones de cumplimiento desproporcionadas».

Diversas organizaciones, como la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, integrada por 35 organizaciones ciudadanas, y el Foro de Diálogo Civil han pedido al presidente de la República que sancione la ley.

Un comunicado del Foro, divulgado el 23 de octubre, dice que la nueva ley llega en un momento adecuado donde «la transparência es fundamental para la democracia y la soberania cultural de la nación».