La reciente aprobación en el Parlamento Europeo de una resolución que pide incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una reacción al significativo avance de la protección del derecho a la vida en el mundo, que tuvo un fuerte impulso luego de la derogación del fallo Roe v Wade por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Los autores de la resolución, que no tiene carácter vinculante, saben que la petición dirigida al Consejo de Europa y a la Comisión Europea es un gesto político que difícilmente podrá concretarse en corto plazo; modificar la Carta de Derechos requiere el respaldo unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
No hay ningún tratado o instrumento internacional vinculante que recoja el aborto como un derecho; por el contrario, todos consagran la protección del derecho a la vida. No existe el derecho a matar a un ser humano inocente que está en gestación en el vientre de su madre. Existe el derecho a la vida. Este es el pensamiento y la intención original de los fundadores de la Unión Europea y la resolución en cuestión lo traiciona abiertamente.
Sin embargo, la resolución es una forma de impulsar el blindaje del aborto en las constituciones locales de algunos países europeos y de sofocar el trabajo de ciudadanos, políticos, médicos, religiosos y organizaciones que defienden el derecho a la vida desde la concepción y la protección a la familia. El texto requiere a los órganos ejecutivos de la Unión Europea que emprendan acciones para excluir a estos sectores de la participación cívica, ya que los considera “una amenaza para el Estado de derecho”.
La resolución aprobada vulnera los artículos 1, 2, 10, 11, 12, 20 y 21 de la Carta de Derechos que quiere reformar y los artículos 1, 2, 3, 7, 11, 12, 18, 19, 20, y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagran el respeto a la dignidad humana, el derecho a la vida, a la libertad y a la objeción de conciencia, a las libertades de pensamiento, expresión y asociación, y el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación.
Los miembros de Political Network for Values creemos firmemente que la vida de todo ser humano es valiosa por sí misma, que es alguien y no algo, miembro de la familia humana desde el momento de la concepción, y que su dignidad es inalienable, más allá de toda circunstancia y situación de vulnerabilidad. Este es un valor ético de carácter universal y transcultural que se proyecta como el fundamento del bien común. Asumimos que la vida es el primero de los derechos humanos, sin el cual los demás derechos pierden su cimiento; y nos empeñamos en protegerlo jurídicamente.
Por eso, rechazamos la resolución del Parlamento Europeo y nos solidarizamos con los gobiernos y los parlamentos de Malta, Hungría e Italia; con los parlamentos de Polonia, Eslovaquia, Rumania, Croacia y Bélgica; con la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Tribunal Constitucional de Polonia; y con todos los políticos, líderes cívicos, y asociaciones que defienden la vida y la familia, injuriados en dicha moción.
Convocamos a todos los miembros y amigos de nuestra Red, a redoblar los esfuerzos que ya realizan en la promoción y defensa de la vida, la familia y las libertades, a través de iniciativas legislativas y políticas públicas que nos permitan avanzar cada vez más, paso a paso, de forma estratégica y asertiva, siempre sumando a más gente que comparte nuestros valores. La Declaración de Nueva York, que impulsamos con nuestros aliados y forma parte de los documentos oficiales del 78 periodo de sesiones de la ONU, será de gran ayuda para ello. Todo este trabajo es parte de lo que los promotores de la resolución denominan “retroceso coordinado”. Sigamos avanzando.
Invitamos a todos los ciudadanos de los países europeos a que, en las elecciones del próximo mes de junio, que renovarán el Parlamento Europeo, voten por candidatos que defiendan firmemente la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Madrid, 12 de abril de 2024.
