Rechazamos la manipulación del resultado de la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela y repudiamos la represión con la que el régimen de Nicolás Maduro ha respondido a quienes se niegan a aceptar el fraude.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el dictador obtuvo 5 millones de votos y, de forma irregular, lo proclamó vencedor del proceso. Sin embargo, el candidato Edmundo González Urrutia cuenta con copias del 73% de las actas electorales que comprueban que recibió a su favor más de 6 millones de votos. El CNE, desde hace años controlado por Maduro, mantiene vedado cualquier tipo de acceso a las actas originales. Además, el régimen giró ordenes de aprehensión contra Edmundo González, María Corina Caro y otros líderes políticos, algunos de los cuáles ya fueron privados injustamente de su libertad; y lanzó una brutal represión contra la población que ha salido masivamente a las calles a manifestar su repudio al fraude en forma pacífica. Hay, hasta el momento, 16 muertos, 11 desaparecidos, 117 detenciones arbitrarias y cientos de heridos.
No es la primera vez que el régimen chavista comete fraude electora, pero si debería ser la última. A pesar de que las irregularidades acompañaron todo el proceso electoral, especialmente con la injusta inhabilitación de la candidatura de Machado, el pueblo venezolano no cedió a la violencia y respondió a esos abusos con una amplia afluencia a las urnas, donde manifestó su voluntad de recuperar la libertad. Los miembros de Political Network for Values creemos que el resultado de esa movilización debe ser respetado con el auxilio efectivo de la comunidad internacional.
Exigimos al CNE que cumpla su obligación y haga públicos los resultados de la elección dando acceso a todas las actas de las mesas de votación, originales y sin adulteración alguna, y que realice un conteo público con la presencia de observadores internacionales independientes cualificados.
Varios mandatarios del Continente, de las más diversas posiciones políticas, han manifestado ya su rechazo al fraude; pero eso no basta, es indispensable que todos los recursos que tengan a su alcance sean utilizados para impedir que se vulnere el verdadero resultado electoral. Consideramos que a la Organización de los Estados Americanos (OEA) le cabe un papel fundamental en la articulación de esos esfuerzos y en la aplicación contundente de los instrumentos propios con los que ha sido dotada.
Pedimos al Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que monitoree, acompañe de cerca, documente y denuncie las flagrantes violaciones a las garantías y libertades fundamentales que el régimen chavista está perpetrando contra quienes se oponen al fraude.
Finalmente, ofrecemos toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo venezolano y a todos los miembros de nuestra Red en el querido país sudamericano. Este es el momento en el que todos los que aman y defienden las libertades fundamentales deben contribuir con todo lo que esté a su alcance para dar fin al largo secuestro que han sufrido los venezolanos en manos de una narcodictadura. Ha llegado la hora de la libertad para Venezuela.
Madrid, 31 de julio de 2024.
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