Rodrigo Iván Cortés, secretario general de Polítical Network for Values (PNfV) y presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), ha sido injustamente condenado en un tribunal mexicano por supuesta «violencia política de género» contra un diputado que dice ser una «mujer transexual».
En septiembre de 2022, el diputado Salma Lúevano Luna anunció un proyecto de ley para castigar a los ministros de culto que pregonen las enseñanzas cristianas sobre sexualidad humana, bajo la acusación de «incitación al odio», y lo hizo subiendo a la tribuna del Congreso disfrazado de obispo católico y con un lenguaje agresivo, como puede verse en este video.
El hecho generó grande indignación. México es un país en el que 79% de la población es católica.
Inmediatamente, el FNF advirtió, a través de su presidente, que la iniciativa legislativa de Lúevano ponía en riesgo la libertad de expresión y la libertad religiosa, garantizadas por la Constitución del país; y lamentó el agravio a los cristianos causado por el parlamentario al usar de forma impropia ornamentos y símbolos religiosos.
En un video, divulgado en las redes sociales del Frente, Cortés dijo: «el diputado transexual, un hombre que se auto adscribe mujer, que exige respeto, pero es exactamente lo que no da; pide aquello que no da, con una falta de respeto tremenda».
Al ver que la polémica crecía, para desviar la atención del agravio que infligió, Lúevano abrió un proceso contra Cortés alegando que, al no reconocerle como mujer en su video, violó los «derechos de identidad» y propagó «discurso de odio». El agresor pasó a presentarse como víctima.
Condena por supuesta «violencia política de género»
En febrero de este año, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) divulgó un fallo en el que condenó a Cortés por «violencia política contra las mujeres en razón género», y determinó que los cuestionamientos del FNF «fueron ofensivos y discriminatorios al rechazar la identidad de género y desvalorizar el desempeño de la diputada federal, lo que constituyó violencia digital, simbólica, psicológica y sexual en su contra”.
Para el tribunal, criticar a una «mujer transgénero» menoscaba «los derechos político-electorales de las mujeres y el ejercicio libre de su cargo público».
Cortés contestó la sentencia y recurrió ante la Sala Superior del TEPJF, el más alto tribunal constitucional del país para asuntos electorales y la última instancia en México para el caso. Si la Sala Superior ratifica el fallo, Cortés denunciará al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar abiertamente las libertades fundamentales.
Ante el fallo injusto, Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior de España, presidente de honor y cofundador de PNfV, manifestó su respaldo a Cortés:
Si usted desea ayudar a Rodrigo Iván Cortés, firme esta petición del FNF.
Discrepar no es discriminar
«La discrepancia no es discriminación, y la disidencia pacífica nunca debe penalizarse como violencia. Es profundamente preocupante que Cortés, que ejerce su derecho a compartir pacíficamente sus puntos de vista sobre un asunto de importante debate actual, haya sido condenado por ‘violencia política’ cuando, de hecho, son sus oponentes los que tienen un historial de perpetuar el malestar dentro de las instituciones políticas de México”, afirma Kristina Hjelkrem, asesora jurídica de ADF International, que está prestando apoyo técnico a la defensa de Cortés.
Y advierte: «la libertad de expresión está muy amenazada en México en este momento, y ha llegado a un punto de crisis con tribunales que imponen severas sanciones de censura por la expresión pacífica de opiniones, como lo demuestra este atroz caso: que, por desgracia, dista mucho de ser un incidente aislado».
Los casos Quadri y Castell
En abril de 2022, el diputado federal Gabriel Quadri también fue acusado por Lúevano y condenado por «violencia política de género» por sus tweets contrarios a la ideología transgénero y en defensa de la equidad para las mujeres. La Sala Superior del TEPJF rechazó el recurso de Quadri, pidió su registro como «delincuente político por razones de género» y le obligó a borrar los tweets, pagar una multa y pedir disculpas públicas.
ADF International presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se reconociera el derecho de Quadri a la libertad de expresión. Quadri está a la espera de que la Comisión declare admisible el caso.
Y en mayo de este año, la diputada Teresa Castell fue también condenada por el mismo tribunal por supuesta «violencia política de género» contra el diputado Lúevano.
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