Por Paul Coleman | A principios de 1900, México se vio desgarrado por una de las persecuciones religiosas más sangrientas del siglo XX. Tras la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno intentó implantar un Estado laico y erradicar la influencia de la Iglesia Católica. Podríamos pensar que tales impulsos totalitarios son cosa del pasado. Sin embargo, el México actual vive algunas tendencias preocupantemente similares.
Rodrigo Iván Cortés es un ex diputado mexicano y líder de la sociedad civil. El año pasado fue condenado por «violencia política de género», tipificada como delito específico en México en 2020, y por «violencia digital, simbólica, psicológica y sexual».
Cabría esperar que estas condenas fueran el resultado de actos especialmente atroces contra las mujeres. No lo son. En realidad, Cortés fue condenado por «errar el género» de un político «trans» en sus publicaciones en las redes sociales.
En 2022, Cortés publicó un tuit criticando una propuesta de ley que penalizaría las creencias cristianas sobre sexualidad como «incitación al odio». El parlamentario que presentó el proyecto de ley – el político trans Salma Luévano – lo hizo vistiendo de forma provocadora los ornamentos de una «Papisa», es decir, un Papa femenino. Al criticar en las redes sociales esta legislación tan problemática, Cortés utilizó pronombres masculinos para referirse a Luévano. También se refirió a Luévano como «un hombre que se identifica como mujer». Luévano consideró estas palabras como ofensivas, como una «negación de [su] identidad», y las denunció a las autoridades. Cortés está actualmente a la espera de los resultados de una apelación -apoyada por ADF International- tras su condena inicial.
Cortés no está solo. Gabriel Quadri, un diputado liberal, también fue condenado por «violencia política de género» el año pasado debido a unos tuits donde criticó la ideología de género.
En esencia, ha sido condenado por defender a las mujeres. El Congreso mexicano está legalmente obligado a tener una representación paritaria de hombres y mujeres, mitad y mitad. Cuando dos hombres que se identificaban como mujeres (uno de ellos Luévano) ocuparon escaños que estaban reservados para mujeres en la legislatura de 2021, Quadri utilizó Twitter para decir lo que millones de personas estaban pensando sin duda: ¿es esto justo para las mujeres? Formular esa pregunta le bastó para acabar en el banquillo de los acusados.
El castigo de Quadri fue especialmente distópico. Fue claramente diseñado para humillarle públicamente. El diputado fue obligado a presentar una disculpa pública redactada por el tribunal para él, además de publicar un resumen de su condena en Twitter durante 15 días, a dos horas fijas al día. Quadri tuvo incluso que realizar dos cursos sobre violencia política de género, sometiéndose de hecho a un proceso de reeducación.
Quadri perdió su última apelación el año pasado y agotó así todas sus opciones de justicia en México. Ahora lleva su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las personas condenadas no son las únicas víctimas de estas leyes draconianas contra la «violencia política de género»: toda la sociedad mexicana está en una peor situación debido a ellas. Crean un efecto escalofriante sobre la libertad de expresión, enviando el mensaje de que los críticos de la ideología trans serán castigados por hablar.
El auge de la ideología trans en México debería ser una advertencia para el mundo. Esta represión de los «errores de género» ha convertido en delito decir la verdad.
Paul Coleman es abogado británico y director ejecutivo de ADF International, una organización de derechos humanos que defiende el derecho de las personas a vivir libremente su fe. Es autor de Censurado: How European Hate Speech Laws are Threatening Freedom of Speech.
Traducción: David Ibañez.
