La libertad de expresión está en riesgo. Un fallo reciente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en México condenó a Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF) y cofundador de la Political Network for Values, por supuesta “violencia política contra las mujeres”.

El proceso contra Cortés fue iniciado por el diputado transgénero Salma Luévano Luna, que en septiembre de 2022 propuso un proyecto de ley para criminalizar a los ministros de culto que pregonaran las enseñanzas cristianas sobre la sexualidad humana, y lo anunció desde la tribuna de la Cámara Federal disfrazado de obispo católico y con lenguaje agresivo. El hecho generó grande indignación. En México 79% de la población es católica.

Rodrigo Iván denunció en las redes sociales del FNF el agravio causado por el diputado a los cristianos, advirtió que su proyecto colocaba en riesgo la libertad de expresión y la libertad religiosa en el país; y señaló que el parlamentario es un hombre que se auto adscribe como mujer.

Al ver que la polémica crecía, para desviar la atención del escarnio que infligió, Luévano demandó a Cortés por no reconocerle como mujer. El agresor pasó a presentarse como víctima. Y, de forma sorprendente, el tribunal falló a su favor. Decidió que criticar a un político, hombre que dice ser mujer, menoscaba “los derechos político-electorales de las mujeres”. Cortés ha recurrido el fallo y espera la nueva decisión. En tanto, el verdadero agresor está impune.

El caso de Cortés no es el único. También han sido condenados injustamente por “violencia política” contra el mismo diputado, los legisladores Gabriel Quadri y Teresa Castell, una mujer.

La discrepancia no es discriminación, y la disidencia pacífica nunca debe penalizarse como violencia. Las criticas de Cortés al diputado fueron respetuosas y objetivas; no así la ofensa de Luévano a los cristianos. Es profundamente preocupante que quién ejerce su derecho a compartir pacíficamente sus puntos de vista sobre un asunto importante en el debate actual, sea censurado y condenado judicialmente por “violencia política”. Decir la verdad, de forma respetuosa y pacífica, nunca puede ser considerado como incitación al odio, si no, se destruye la base misma del diálogo, uno de los fundamentos de las sociedades verdaderamente democráticas.

Ofrecemos todo nuestro apoyo y solidaridad al cofundador y vicepresidente del Consejo Directivo de nuestra Red, así como a los parlamentarios Quadri y Castell, y pedimos que las autoridades judiciales correspondientes no cedan a la presión de un pequeño grupo ideológico y restituyan el derecho y la libertad en México.

Madrid, 01 de Julio de 2022.

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Si usted desea ayudar a Rodrigo Iván Cortés, firme esta petición del FNF.