¿Qué sentiría usted si es una de las partes en un litigio y el juez recibe dinero de la otra parte? Eso es lo que le está pasando a muchos países latinoamericanos con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Comisión y la Corte reciben dinero de organizaciones transnacionales, empresas multinacionales y países que no son miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que condicionan su aplicación a asuntos y procesos relacionados con el aborto, la orientación sexual y la identidad de género y las restricciones a la libertad religiosa. Así, la modificación de constituciones y leyes nacionales a partir de la acción de esos órganos puede considerarse producto de la injerencia de gobiernos extrajeros.

Esta es la denuncia que realizó el Global Center for Human Rights durante la 52 Asamblea General de la OEA, que aconteció en Lima la primera semana de octubre. Los datos son producto de una amplia y cuidadosa investigación condensada en el informe «Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana – Opacidades e influencias en una financiación condicionada».

Conversamos con Sebastián Schuff, presidente del Global Center for Human Rights, con sede en Washington, que detalla los resultados del estudio.

¿Cuáles son los principales problemas que detectaron en el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el estudio que acaban de publicar?

¿Qué sentiría usted si es una de las partes en un litigio y el juez recibe dinero de la otra parte? Eso es lo que le está pasando a muchos países latinoamericanos con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En Global Center for Human Rights realizamos una investigación sobre quiénes aportan dinero a estos órganos y por qué lo hacen. Los hallazgos han sido sorprendentes.

Para empezar, estos órganos reciben financiamiento, no solo de los Estados miembros, es decir, quienes forman parte de la OEA, sino de países extracontinentales, organizaciones no gubernamentales trasnacionales e incluso empresas multinacionales. Estos, en general, no otorgan los fondos para el mantenimiento general de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, sino para definir específicamente a qué asuntos se van a aplicar, e incidiendo sobre el contenido de esas decisiones. Y hay varias razones por lo que esto es particularmente grave.

¿Cuáles?

Primero, que países externos al sistema, por extraterritorialidad o voluntad propia, decidan cuáles deben ser los contenidos de las sentencias, resulta alarmante en cualquier sistema jurídico. Con esas sentencias están condenando a otros Estados y, según la Corte, son obligatorias para todos los Estados que han reconocido su competencia contenciosa. Cuando alguien da dinero para que se condene a Colombia o a Ecuador, por ejemplo, como pasó en 2016, pretenden que esos precedentes sean obligatorios para todos los demás países que no han participado de esos casos y no se han podido defender.

Segundo, los fondos de cooperación internacional que se destinan a estas cosas no son dinero inocente que sobró de las arcas de los países. En general, forma parte de la política exterior de los Estados, tanto es así que, normalmente, son concedidos a través de los ministerios de relaciones exteriores u órganos dependientes de ellos. O sea, el cambio de nuestras leyes nacionales, e incluso nuestras constituciones nacionales, forma parte de la política exterior de algunos de estos países. Nos gustaría saber por qué.

Tercero, los contenidos costeados, no están ni en la Convención Americana ni en ninguno de los tratados que suscribieron los Estados americanos, e incluso, en ocasiones, los contravienen explícitamente. Conceptos como aborto, orientación sexual e identidad de género, o restricciones a la práctica de la fe, son frontalmente contrarios a lo que los Estados miembros de la OEA acordaron en los tratados de derechos humanos.

¿Qué países aportan ese dinero?

España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Holanda, entre otros.

¿Y cuáles entidades internacionales y empresas?

La Fundación Arcus, Freedom House, Fundación Ford, Oxfam y Open Society Foundations, sumado a empresas como Google, Microsoft, por ejemplo.

¿Puede darnos un ejemplo de como opera este financiamiento?

Desde el año 2009, la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID) destinó USD 4.737.478 a la Corte Interamericana, designados a diversos proyectos. En el año 2016, esta agencia estatal aportó fondos con el objetivo de hechar a andar un proyecto titulado «Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del debido proceso».

Concurrentemente, ese año, la Corte emitió su primera sentencia del año en el caso Duque vs. Colombia, uno de los precedentes más emblemáticos sobre el fomento del reconocimiento pensionario a parejas del mismo sexo, en el cual se alegó un incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada «orientación sexual e identidad de género», condenando a la República de Colombia a todos sus efectos.

Usted también citó antes el ejemplo de Ecuador…

Si. Solo seis meses después de fallo condenatorio de Colombia, la Corte emitió la sentencia Flor Freire vs. Ecuador, condenando al país por haber solicitado la baja militar a un teniente que mantuvo relaciones homosexuales con un soldado, aprovechándose de su estado de embriaguez. Ecuador fue condenado por el incumplimiento de, nuevamente, obligaciones inexistentes basadas en una presunta discriminación por «orientación sexual» de Freire.

Hasta ahora, ni la CIDH ni la Corte han esbozado una explicación plausible de por qué recibieron dinero para la resolución de casos contenciosos con una temática específica.

¿Qué reformas proponen ustedes?

Para empezar, la prohibición expresa y absoluta de recibir fondos que conlleven un compromiso, expreso o tácito, de imponer cualquier acuerdo más allá de la voluntad de los propios Estados.

Un pedido de reforma más grande y general se avizora cuando recorremos diversas ciudades de nuestros países y los representantes y funcionarios se preguntan ¿qué hace la CIDH y la Corte por nuestra gente?

No encuentran respuestas satisfactorias para esta pregunta.

¿Qué desempeño tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la reciente asamblea de la OEA ?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo presente en las negociaciones actuando como un lobista más. Eso está claramente fuera de sus competencias y constituye un abuso de su mandato, pero no todos los países están dispuestos a enfrentarlos.

La Comisión ha relegado la noble tarea subsidiaria para la cual fue creada, nuestros países las sostienen con sus aportes, pero se ha convertido en una entidad  al servicio de agendas y lobbies ideológicos. Además, es el laboratorio donde se delinea el lenguaje y los términos que luego van a ser impuestos en consensos forzados en las resoluciones de la OEA.