Las nuevas directrices sobre el aborto publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son motivo de gran preocupación para los miembros de la Political Network for Values (PNfV). El organismo de las Naciones Unidas (ONU) recomienda la despenalización total del aborto, lo cataloga como servicio médico esencial, pide que sea facilitado mediante telemedicina y que se permita su “autogestión” antes de las 12 semanas de embarazo. Además, solicita la limitación a los profesionales de la salud del derecho a la objeción de conciencia.
La nueva Guía de Atención al Aborto busca establecer patrones que permitan el acceso integral dentro de los sistemas de salud a lo que llama “aborto de calidad”, y vincula esta práctica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al considerarla prioritaria y “fundamental para cumplir los relacionados con la buena salud y el bienestar (ODS3) y con la igualdad de género (ODS5)”. ¿Cómo apoyar estas dos metas propuestas por la ONU si están, según su órgano oficial de salud, intrínsecamente vinculados al aborto bajo libre demanda para mujeres y niñas?
Desde 2003 la OMS propone directrices que respaldan abiertamente la despenalización del aborto, pero nunca lo hizo de forma tan contundente como ahora, bajo el pretexto de acabar con las muertes decurrentes del “aborto inseguro”, cuya estimativa parte de estudios que han sido cuestionados.
Acogemos con beneplácito los esfuerzos de la OMS para crear un entorno más seguro para las niñas y las mujeres, pero lamentamos que, al mismo tiempo, gaste enormes recursos y energías para promover el aborto e ignore intencionalmente que, además del riesgo físico intrínseco a esa práctica y sus graves secuelas psicológicas para una madre, cada aborto resulta en la muerte de un bebé. ¿Dónde está el mismo empeño para combatir las principales causas de muerte de las mujeres en el mundo entre las que no figura el llamado aborto inseguro y sí las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer?
Consideramos que las directrices publicadas por la OMS extrapolan el mandato del organismo, violan los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal, especialmente el derecho a la vida y la libertad de conciencia, y vulneran el pacto fundante de la ONU y la soberanía de los Estados miembros.
Debe recordarse que un amplio número de países miembros de la ONU han suscrito el Consenso de Ginebra, declaración que promueve la salud de la mujer, la protección de la vida en todas sus etapas y la integridad de la familia. Los países firmantes, que representan a más de 1,300 millones de habitantes, defienden el respeto a la soberanía de los Estados para legislar sobre el aborto sin interferencia externa, y afirman que “no existe un derecho al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los Estados de financiar o facilitar esa práctica”. La adhesión a este consenso crece de forma consistente: en octubre de 2020, cuando fue lanzado, fue firmado por 6 Estados, hoy son 36. Emitir las directrices en cuestión ignorando intencionalmente esta realidad es un acto cuestionable.
Promover la despenalización y facilitación del aborto a través de un organismo internacional es una forma de colonización ideológica. El aborto es un problema social y cultural sobre el que existe toda una industria que explota el dolor y la vulnerabilidad; es responsabilidad de los diversos actores políticos, sociales y sanitarios enfrentarlo sin reduccionismos, atendiendo toda su complejidad y ofreciendo alternativas de vida. El momento en que a una sociedad le resulta natural “descartar” sus bebés, a través de una tableta o una intervención médica, ésta pierde parte de su humanidad, abraza la barbarie y renuncia a su futuro.
Los miembros de la PNfV reafirmamos nuestra convicción de que toda vida es preciosa y ratificamos nuestro empeño para que estas nuevas directrices de la OMS no sean aplicadas en nuestros países.
Madrid, 28 de marzo de 2022.
