Por Carlos Polo | El 15 de junio, después de semanas de deliberación, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó una Ley contra la Pedofilia. En su forma original, el objetivo era aumentar las penas por delitos sexuales en los que estuvieran implicados menores, crear una base de datos nacional de delincuentes sexuales y prohibir a los culpables de determinadas profesiones. El tiempo de las sanciones penales a aplicarse variaban dependiendo de la gravedad del caso.

Una semana antes de votarse el proyecto de ley, el primer ministro Viktor Orban revisó la legislación para incluir protecciones adicionales para los niños, especialmente orientadas a protegerlos contra la ideología LGBTQ+. El proyecto de ley revisado prohibía que los contenidos, incluidos anuncios de televisión y radio, promuevan la homosexualidad o la reasignación sexual a menores. Prohibía lo mismo a educadores sexuales en colegios, y ordenaba que las clases de educación sexual solo sean impartidas por organizaciones registradas. Decir que el voto en la Asamblea Nacional fue abrumadoramente mayoritario es algo mezquino. Esta nueva legislación obtuvo una votación de los representantes del pueblo húngaro de 157 contra 1.

Sin embargo, fuera de Hungría, la nueva legislación tuvo una acogida diferente. La legislación -la prohibición de publicidad LGTBIQ+ para niños- ha provocado una tormenta de agresiones diplomáticas y amenazas de otros líderes de la UE. Hasta la fecha, los líderes de más de la mitad de los países de Europa han criticado la decisión de Hungría y han firmado una declaración conjunta condenando la legislación. Algunos de ellos han pronunciado las palabras más duras jamás oídas contra un país en la historia de la UE.

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, criticó especialmente la nueva legislación, alegando que Hungría ya no tiene cabida en la Unión Europea. El líder holandés hizo sus comentarios en Bruselas esta semana mientras asistía a una cumbre de la UE. «Por lo que a mí respecta, no tienen nada que hacer en la UE», dijo Rutte. «El objetivo es poner de rodillas a Hungría con respecto a esta cuestión. Tienen que entender que son parte de la Unión Europea y de la comunidad de valores que compartimos», palabras textuales de Rutte según informa EuroNews. Rutte había hablado con periodistas antes de la cumbre e hizo comentarios similares diciendo que Hungría «no tiene nada más que hacer en la Unión Europea» y que la nueva ley que prohíbe la propaganda LGBT en las escuelas significa que el país debe ser eliminado de la UE.

Por supuesto, Rutte sabe muy bien que no existe ningún mecanismo por el cual los burócratas de la UE, o incluso todos los países de la UE juntos, puedan expulsar a Hungría. Simplemente no hay ninguna disposición en el tratado de la UE para expulsar a los países miembros. Los propios países pueden retirarse, como hizo el Reino Unido, pero eso es todo. El objetivo de toda la retórica agresiva contra Hungría y a favor de la ideología LGBTI es enviar un mensaje a Hungría, Polonia y otros países no alineados a su dictadura ideológica. Este mensaje bien podría expresarse así:

«Somos dueños de la UE, las reglas han cambiado, y si intentan hacer valer los derechos de las familias y proteger a los niños del adoctrinamiento radical de género, los atacaremos sin compasión».

La virulencia del ataque del primer ministro holandés se sumó al de varios otros líderes europeos, entre ellos el abiertamente gay primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien dijo que «permanecerá intolerante a la intolerancia y esta será mi lucha hoy». Decir que es «intolerante a la intolerancia» es muy parecido a decir que sería «racista para luchar contra el racismo.» ¿Dónde se ha oído una lógica similar antes? (Les doy una pista. Escriban en su buscador de internet “Teoría crítica de la raza” o en inglés “critical race theory”).

La Comisión, contra Hungría

Dirigida por su presidente Ursula Von der Leyen, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra la nueva ley de Hungría. La Comisión está facultada para ordenar formalmente a Hungría que deje de aplicar la ley. Si Orban no cumple, lo que parece probable, la cuestión se trasladaría entonces al Tribunal de Justicia Europeo, que puede intentar anular o modificar la ley. Von der Leyen dijo que la ley húngara es «ilegal», lo que es una estupidez patente. Las leyes de la Unión Europea dejan claro que, en cuestiones como la educación, debe respetarse la soberanía de cada país. En otras palabras, un proyecto de ley de educación aprobado democráticamente no puede, por definición, ser «ilegal».

Más bien, lo que Von der Leyen quiere decir realmente es que las normas han cambiado, y en adelante los burócratas no elegidos democráticamente interpretarán el Tratado de la UE para adaptarlo a su agenda. La cuestión ya no se refiere únicamente a Hungría o a una determinada ley. Se trata más bien del futuro de la UE y de si sus burócratas serán capaces de imponer su ideología -incluida la ideología de género- a todos los países y ciudadanos que los habitan.

A pesar de estos ataques, el primer ministro Orban se mantiene firme. Sostiene rotundamente que el objetivo del proyecto de ley es proteger a los niños de ideas nocivas, y también proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos como mejor les parezca. Niega tajantemente que el proyecto de ley sea discriminatorio, señalando que no infringe los derechos de orientación sexual de las personas mayores de 18 años. El proyecto de ley, afirma Orban, solo protege a los niños de los excesos de una sociedad hipersexualizada que continuamente presenta la sexualidad como «un fin en sí misma».

Hasta la fecha, Hungría está casi sola. Solamente Polonia y Eslovaquia han salido en su defensa. Cualquiera esperaría que el estado Vaticano hable en apoyo de la nueva legislación de Hungría, por no mencionar la defensa de la democracia misma. El papa Francisco ha definido como «colonialismo ideológico» a enseñar la ideología transgénero a los escolares. Él lo considera como parte de una «guerra global contra la familia». En cuanto a la teoría de género, señala que «desea socavar a la humanidad en todas las áreas y en todas las formas educativas posibles y se está convirtiendo en una imposición cultural que, en lugar de venir desde abajo, es impuesta desde arriba por algunas naciones como único camino cultural posible a seguir». Reiterando la doctrina católica, el papa Francisco enseña que «los jóvenes necesitan ser ayudados a aceptar su propio cuerpo como fue creado» y que la educación sexual debería evitar la «pretensión» de intentar «cancelar la diferencia sexual solo porque uno ya no sabe cómo lidiar con ella.»

Hoy es un buen momento para que el papa Francisco reitere su oposición a este tipo de «colonialismo ideológico» y apoye a los húngaros. También podría añadir que, en una democracia, es el pueblo quien gobierna y no una pequeña oligarquía hipersexualizada y atea.

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Carlos Polo es director para América Latina del Population Research Institute y miembro del Comité de Expertos de la Political Network for Values.