El dictador Daniel Ortega deportó este domingo, 14 de enero, a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, a 15 sacerdotes y 2 seminaristas que mantenía secuestrados debido a la cruda persecución que ha desatado contra la Iglesia Católica.

El gesto del régimen es resultado más de la creciente presión internacional y de las negociaciones diplomáticas del Vaticano que de una distensión real de la dictadura. Lea aquí nuestro posicionamiento en relación a la última ola de secuestros a sacerdotes por parte del sandinismo.

Ortega divulgó la información a través de la siguiente nota de prensa:

«La Presidencia de la República, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Pueblo de Nicaragua , agradecemos profundamente al Santo Padre, Papa Francisco; a la Secretaría de Estado de la Santa Sede; a su Titular, Cardenal, Su Eminencia Reverendísima, Pietro Parolín, y a su equipo de trabajo, por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible su viaje hacia el Vaticano de dos Obispos, quince Sacerdotes y dos Seminaristas. Ellos han sido ya recibidos por Autoridades Vaticanas, en cumplimiento de Acuerdos de Buena Fe y Buena Voluntad, que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua, para la Paz y el Bien. Reconocemos las posibilidades del diálogo franco, directo, prudente y muy serio, un diálogo responsable y cuidadoso, que ha hecho posible llegar a este día de Alabanza al Dios de todos, que nos ilumina y guía para continuar cultivando la confianza y para acrecentar, desde la Fe, la tranquilidad de Espíritu y el derecho a la justicia y la vida de las familias nicaragüenses».

Como puede verse, el comunicado distorsiona los hechos. Los religiosos no han sido puestos en libertad en su país, sino injustamente expulsados del mismo; y fueron originalmente secuestrados por el régimen dictatorial, sometidos a procesos judiciales totalmente irregulares.

Los deportados

De acuerdo con información divulgada en medios de comunicación nicaragüenses, como La Prensa y Confidencial, además de Álvarez, obispo de Matagalpa, y Mora, obispo de Siuna, fueron deportados:

Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis; monseñor Silvio Fonseca, párroco de la iglesia Santa Faz, y vicario diocesano de Familia, Niñez y Juventud; Héctor Treminio, párroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas;  Mykel Monterrey, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria; Raúl Zamora, párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia;  Gerardo José Rodríguez, párroco de la iglesia Purísima Concepción; monseñor Miguel Mántica, párroco de la iglesia San Francisco de Asís; e Ismael Serrano, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel.

Además: Óscar Escoto, vicario de la diócesis de Matagalpa; Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima en la misma diócesis; Pablo Villafranca, párroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Nindirí; Marcos Díaz Prado, párroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Puerto Corinto; Jader Hernández, párroco de la Iglesia Madre del Divino Pastor en Nejapa; y José Gustavo Sandino Ochoa, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Pantasma.

Y dos seminaristas: Alester Sáenz y Tony Palacio, secuestrados junto con el obispo Mora.

Tercer grupo de sacerdotes deportados

Esta es la tercera vez en que el régimen sandinista deporta grupos de sacerdotes católicos. El 18 de octubre pasado expulsó del país a 12 sacerdotes que mantenía secuestrados y los envió al Vaticano tras otro acuerdo con la Santa Sede.

Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades enviaron a Estados Unidos a otros 8 sacerdotes, como parte de la expulsión de 222 presos políticos, a los que, además, se les retiró la ciudadanía.

Daniel Ortega y su esposa desataron durante los últimos 5 años una intensa persecución contra la Iglesia Católica por ésta no someterse a sus caprichos. En 2022 fueron expulsados del país el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y la Congregación de las Hermanas de la Caridad; y en octubre 12 sacerdotes que llevaban meses secuestrados en las cárceles sandinistas. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, se encuentra exiliado desde 2019.

En los últimos cinco años la dictadura de los Ortega perpetró más de 740 ataques contra católicos: secuestros, prisiones, destierros forzados, cierre de iglesias y radiodifusoras, amenazas de muerte, profanación de templos, y prohibiciones a actos públicos de fe.

Solo en 2023 se realizaron 275 de esas agresiones. Fue el año más violento contra de la Iglesia durante el lustro.

Los números de la persecución pueden ser conocidos gracias al  valiente y cuidadoso trabajo de documentación de la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, quien participó en uno de los Diálogos Transatlánticos en octubre de 2022.