Análisis • Por Jesús Magaña | El 28 de abril se inició lo que se conoce como el paro en Colombia que ha sumido al país en movilizaciones, bloqueos y violencia. La justificación inicial fue la propuesta de reforma tributaria que se presente por el ministro de Hacienda ante el Congreso en la última semana de abril y que fue mal recibida por toda la sociedad. En consecuencia, el 30 de abril se retiró el proyecto y no sólo eso, sino que renunció el ministro de Hacienda y todo su equipo.

La protesta sin embargo no terminó, sino que arreció y las ciudades del país fueron sitiadas por los bloqueos impidiendo la movilización no solo del comercio o las personas sino de los insumos médicos y asistencia humanitaria urgentes durante el pico de la pandemia de covid que padece el país.

Hechos dramáticos como la muerte de un bebe por nacer en una ambulancia que fue bloqueada y atacada a las afueras de Bogotá por los del paro, así como la devastación de la ciudad de Cali y Popayán en el sur del país; la parálisis de los principales puertos del país; el descontrolado crecimiento de contagios de covid debido a las continuas manifestaciones han colocado al país en una situación muy grave, sin mencionar los continuos bloqueos al transporte público que genera que miles de ciudadanos deban caminar hasta sus casas o sus trabajos varias decenas de kilómetros lo que ha generado además unos daños a la economía muy graves que suman varios cientos de millones de dólares.

Durante las movilizaciones se han presentado altercados con la policía que han dejado varios manifestantes muertos y policías muertos y heridos, lo que ha servido como gasolina para avivar el incendio de odios y enfrentamientos.

El llamado comité nacional de paro no logra representar ni unificar a todos los grupos de la protesta, de hecho los indígenas del Cauca ya lo desconocieron junto con otros movimientos. Sus peticiones son dispares y contradictorias, piden baja de impuestos, pero al mismo tiempo que se pague por el gobierno un salario básico universal de unos 250 dólares. Se piden también que se anule una supuesta Ley de Salud que todavía no se ha empezado a discutir en forma en el Congreso. Algunos de los jóvenes piden que renuncie el expresidente Uribe, cuando el ya no ejerce ningún cargo público.

Por otro lado se ha desatado una campaña internacional de desprestigio a la policía colombiana alentada entre otras personalidades por Michele Bachelet de la ONU, congresistas demócratas de los Estados Unidos, estrellas de la farándula, así como Amnistía Internacional. No faltan el derribo de estatuas como las del fundador de Cali Sebastián de Belalcázar, el fundador de Bogotá Gonzalo Jiménez de Quezada o uno de los héroes de la independencia el general Santander.

Existen pruebas que se está pagando a muchas de las personas que asisten a las movilizaciones

Como pueden ver el libreto es muy parecido a las protestas de hace un año en Chile y las realizadas en Estados Unidos el año pasado bajo el lema Black Lives Matter. De lo que se trata es de desestabilizar y conseguir por la fuerzas las cosas.

Vale la pena ver quién está detrás de esto. En total la protesta moviliza al 0,5% de la población de los 50 millones de habitantes de Colombia. Existen pruebas que se está pagando a muchas de las personas que asisten a las movilizaciones. En efecto, informes de Inteligencia de la Policía habla de la clara presencia de narcotraficantes que están financiando a líderes y grupos que promueven la violencia en las manifestaciones. La presencia de las guerrillas del ELN y de las nuevas FARC esta comprobada.

Adicionalmente se tiene información de líderes venezolanos de los bloqueos que serían agentes del gobierno del dictador venezolano Maduro. La presencia de cubanos en la agitación es clara, el segundo de a bordo de la embajada de Cuba en Bogotá fue expulsado hace dos semanas por la promoción en diversos grupos de las protestas. Finalmente se han detectado 7.000 cuentas falsas con un promedio de 1.500 seguidores cada una que promueven las movilizaciones y protestas y generan fake news para encender los odios; estas cuentas se gestionan desde Bangladesh, Corea y China.

Los actores son claros, con diversos intereses, pero con un objetivo común, debilitar y si es posible desestabilizar a Colombia para conseguir poder dentro del país y anularlo en el contexto regional.

Hoy más que nunca es necesario apoyar a las instituciones democráticas del país, y dejar claro que los problemas del país deben gestionarse a través de las instituciones democráticas que se ha dado el pueblo plasmadas en la constitución.

Es necesario por otro lado pronunciamientos y respaldo internacional para condenar la violencia y exigir que se levanten los bloqueos que mantienen sitiadas a las ciudades atentando contra los derechos fundamentales a la vida, la alimentación y el trabajo.

Finalmente pedir se intensifique la campaña de oración para pedir del cielo que se desarmen los odios y se abran los corazones y las inteligencias para encontrar juntos las soluciones.

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Jesús Magaña es director de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, de Colombia; y miembro del Comité de Expertos de la Political Network for Values.