El próximo mes de mayo será discutido y votado en el pleno del Parlamento Europeo (PE) un proyecto de resolución del diputado croata Predrag Matić, miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que presenta el aborto como derecho fundamental, pide a los Estados miembros eliminar las leyes locales que limitan su práctica y derogar cláusulas de conciencia.
El texto afirma que el hecho de que algunos de los países de la Unión Europea (UE) «todavía tengan leyes que prohíben el aborto, excepto en circunstancias estrictamente definidas, […] es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género» que debe condenarse.
Dice que la objeción de conciencia, «si se quiere avanzar, debe ser considerada una una denegación de atención médica, una violación manifiesta y multidimensional del ejercicio de un derecho legal ya alcanzado».
Y pide que la comisaria de Democracia y Demografía haga frente a «aquellos que instrumentalizan la salud y los derechos sexuales y reproductivos con el fin de socavar los valores de la Unión y la democracia». Lea aquí el proyecto de resolución completo.
En 2013, la diputada Edite Estrela intentó aprobar una resolución similar, pero gracias a la acción de un grupo de parlamentarios y organizaciones ciudadanas el PE reconoció que la cuestión del aborto es competencia exclusiva de los Estados miembros.
Mapear y estigmatizar a los provida
Además, el pasado 25 de marzo, las comisiones de Derechos de la Mujer y Equidad de Género y la especial sobre Interferencia Extranjera en los Procesos Democráticos de la Unión Europea, realizaron una audiencia conjunta sobre “el financiamiento desde el exterior” a organizaciones provida en la región, el objeto de «recoger datos e informaciones». A la sesión solo fueron convocados políticos y activistas abortistas. Los provida no fueron invitados ni siquiera para dar explcaciones. Usted puede ver la grabación de la sesión aquí.
En realidad se trata de una tentativa de mapear y estigmatizar a ciudadanos, organizaciones, políticos y gobiernos provida, elaborando una especie de «lista negra». El resultado será su exclusión de la vida política europea ya que serán presentadas como «peligrosas para la democracia y contrarias a los valores de la UE».
Algo similar a lo que Víctor Madrigal-Boloz está haciendo en materia de «género» para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia ha evidenciado que estas dos acciones – el proyecto de resolución y la «lista negra» – son producto de un lobby coordinado por Neil Datta, director del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF).
Datta fundó el EPF, el principal grupo de presión sobre el aborto sobre los órganos legislartivos europeos, junto con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) en 2000, y desde ese año recibe financiamiento millonario, además de las Naciones Unidas, de la propia IPPF, de la Fundación Gates y la de Open Society Fundations, de George Soros, entre otras.
